El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, está en el centro de una tormenta legal y política luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe final que califica su gestión como lapidaria. El organismo detectó incumplimientos graves en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar, incluyendo certificados vencidos, documentos faltantes y un memorándum que flexibilizó requisitos legales sin atribuciones. La Contraloría concluyó que esa acción constituye una vulneración al ordenamiento jurídico y ordenó sumarios administrativos en Sermig, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez. Thayer, quien ya dejó el cargo, arriesga sanciones que van más allá de lo administrativo. Según el académico Óscar Olivares, de la Universidad Autónoma, el sumario debe continuar y, si se determina que la falta amerita destitución, la consecuencia es la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años. Además, Olivares advierte que la investigación del Ministerio Público podría apuntar a delitos funcionarios como prevaricación administrativa o usurpación de funciones, aunque será la Fiscalía la que decida si hay mérito penal.
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