El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales cuatro de las ocho normas del proyecto de Escuelas Protegidas, una de las iniciativas emblemáticas del gobierno presentada tras la muerte de una inspectora en Calama. En el Ejecutivo reconocen que el fallo, aunque parcial, enciende las alarmas por un posible ‘efecto dominó’ sobre otras leyes en tramitación, como el Registro Nacional de Vándalos, que podría ver objetada la inhabilidad para acceder a la gratuidad. La ministra de Educación, María Paz Arzola, y el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, optaron por la cautela y esperarán la fundamentación del TC antes de definir acciones. Pese al traspié, el gobierno rescata que la norma de revisión de mochilas y la prohibición a los estudiantes de encapucharse se mantienen intactas. No obstante, el tribunal eliminó la posibilidad de que, ante la negativa del alumno y la ausencia del apoderado, se comuniquen los antecedentes a la policía. El resultado del TC también podría envalentonar a la oposición para recurrir al tribunal como herramienta de freno. La diputada comunista Daniela Serrano ya advirtió que el fallo es un antecedente para el Registro Nacional de Vándalos y otras iniciativas. En el gobierno reconocen que la composición progresista del TC, presidido por Daniela Marzi, designada por el expresidente Gabriel Boric, añade incertidumbre.
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