El informe de la Contraloría General de la República sobre el proceso de reunificación familiar de menores haitianos ha generado un fuerte debate en el Congreso. El organismo fiscalizador identificó incumplimientos en el otorgamiento de permisos, como certificados vencidos o sin legalización, y la emisión de un memorándum que flexibilizó requisitos legales sin que el Servicio Nacional de Migraciones tuviera facultades para ello. También se constataron deficiencias en el control de vuelos chárter y en la verificación de adultos responsables. El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, defendió su gestión señalando que actuó conforme a la ley, basándose en tratados internacionales y el interés superior del niño. Sin embargo, desde el oficialismo, el diputado Felipe Ross (Republicanos) cuestionó que Thayer pusiera sus consideraciones morales por sobre la ley, mientras que la diputada Joanna Pérez (Demócratas) afirmó que se vulneró la Constitución. En la oposición, la diputada Andrea Parra (PPD) criticó que el actual servicio tardó dos meses en actuar tras el preinforme, y el diputado César Valenzuela (PS) llamó a la prudencia, señalando que no se han comprobado vulneraciones graves. El informe también apunta a incumplimientos en la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, revelando debilidades de control interno y falta de coordinación. La Contraloría instruyó un sumario, lo que mantiene abierta la investigación y profundiza la división política sobre la gestión migratoria.e
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