El Ministerio de Educación aplicó un modelo de revisión «más robusto» al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), detectando 188 mil casos de inconsistencias en las declaraciones de los postulantes a gratuidad universitaria, 43 mil más que en el proceso anterior. La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, explicó que se ampliaron los cruces con registros públicos, tributarios, educativos y del Registro Social de Hogares para construir perfiles más completos. Como resultado, Hacienda instruyó una reducción presupuestaria de más de $19 mil millones para la gratuidad universitaria y otros $27 mil millones para institutos profesionales y centros de formación técnica. La medida proyecta una caída de hasta un 12% en nuevos beneficiarios, lo que generó reacciones divididas en el Congreso. El diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la Comisión de Educación, respaldó la postura del Ejecutivo, señalando que muchos estudiantes desertan tras postular. En contraste, la diputada Daniela Serrano (PC) criticó el recorte y emplazó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, a presentar una propuesta alternativa, cuestionando si el Gobierno pretende volver al Crédito con Aval del Estado.
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