La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, puso en marcha un procedimiento inédito contra los funcionarios del Poder Judicial que figuran en el listado público de deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Tras recibir un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) que identificó a 1.265 personas que reciben sueldo fiscal y a 67 que no, más abogados integrantes de cortes, el pleno del máximo tribunal ordenó enviar cartas exigiendo regularizar la situación antes del 31 de mayo. La decisión se tomó luego de que Chevesich llevara el tema al pleno del 6 de abril, tras un reportaje que visibilizó la morosidad de empleados públicos. La directora (S) de la CAPJ, Andreina Olmo, cruzó las bases de datos y entregó los resultados el 24 de abril. En la carta, enviada esta semana, se invocan “obligaciones éticas y de probidad” y se advierte que, de no cumplir, se “adoptarán las medidas pertinentes”. La medida ha generado controversia al interior del Poder Judicial. La Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ) criticó que la Suprema actúe como “instancia de cobranza extrajudicial”, comprometiendo la independencia judicial. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) pidió una prórroga de tres meses, hasta el 30 de agosto.
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