El quiebre en la negociación por el salario mínimo entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ministerio de Hacienda ha escalado al Parlamento. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, confirmó el rechazo a la oferta gubernamental —un reajuste de solo $23.000 basado en el IPC— y anunció que la disputa se trasladará al Congreso, donde buscarán apoyo de oficialismo y oposición para obtener un incremento mayor. La propuesta de los trabajadores apunta a fijar el sueldo mínimo en $637.000, cifra que, según la CUT, permitiría superar la línea de pobreza y recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación y el alza del petróleo. Díaz calificó la oferta del Gobierno como “insuficiente” y señaló que ambas partes operan bajo “paradigmas totalmente diferentes”. El Ejecutivo, por su parte, enviará su propio proyecto de ley al Congreso para iniciar la tramitación legislativa. El conflicto no solo afecta el salario base: la CUT advierte que el sueldo mínimo incide en horas extras, bonificaciones y otros beneficios. Además, critican que el Gobierno vea avances como la Ley de 40 horas o la Ley Karin solo como costos para las empresas, mientras que para los trabajadores son derechos esenciales. Con el diálogo directo agotado, la presión ahora recae sobre los parlamentarios, en un escenario donde la pérdida del poder adquisitivo ya superaría el 20% según cálculos sindicales.
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