Abogados y candidatos denuncian que el Servicio Electoral (Servel) ha endurecido sus criterios para aprobar los gastos de campaña, exigiendo requisitos que van más allá de lo que establece la ley. Esto, según los críticos, está obstaculizando el reembolso público de gastos electorales y perjudicando especialmente a quienes tienen menos recursos o participan por primera vez en política. El abogado Sebastián Winter, experto en Derecho Administrativo, señala que “el Servel se ha puesto progresivamente más riguroso” desde el escándalo de financiamiento de Karina Oliva y tras modificaciones a la Ley 20.900. Como ejemplo, menciona que para las elecciones de 2017 se abrieron cerca de 1.000 procedimientos sancionatorios, cifra que subió a más de 1.500 en la siguiente elección. Winter advierte que el rigor ha derivado en un “formalismo excesivo que va más allá de lo que la propia ley exige”, como exigir facturas emitidas antes de las elecciones sin que la norma lo pida, o rechazar gastos por no apretar el botón “enviar” en el sistema digital, pese a que los documentos ya estaban subidos. El impacto es concreto: cuando el Servel rechaza una rendición, el reembolso fiscal se congela, pero los créditos bancarios y las deudas con proveedores siguen corriendo.
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