El Ministerio de Vivienda y Urbanismo enfrenta un escándalo de reconstrucción fallida que obligará a demoler 52 viviendas casi terminadas en Viña del Mar. El ministro Iván Poduje anunció la medida tras un estudio de la Universidad de Chile que confirmó riesgos sísmicos y de incendio en las construcciones de El Olivar, levantadas tras los incendios de 2024. La investigación técnica de IDIEM detectó que los materiales no resistían terremotos y existían deficiencias en el control de fuego, incumpliendo normas básicas de seguridad. Las acusaciones apuntan directamente a la Constructora San Sebastián, a la que Poduje responsabiliza por usar materiales inadecuados y presentar diseños estructurales defectuosos. El ministerio ya presentó una querella por estafa agravada, fraude al fisco y otros delitos, mientras congela todos los pagos a la empresa. Además, se investiga un posible tráfico de influencias que habría favorecido a la constructora, lo que llevó a la desvinculación del exdirector del Serviu de Valparaíso. Este caso revela fallas críticas en los controles de reconstrucción post-desastre y genera desconfianza en un proceso vital para miles de afectados. La demolición de viviendas con 98% de avance representa un retroceso significativo en los plazos de recuperación y un costo adicional para el Estado, que ahora deberá reiniciar las obras con otra empresa.
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