Un proyecto de ley ingresado en el Senado busca responsabilizar directamente a los padres y apoderados de menores que realicen acoso escolar, con sanciones que podrían alcanzar los $3,5 millones. La iniciativa, presentada en diciembre de 2025 por la senadora María José Gatica (RN), apunta a un vacío en la Ley General de Educación: la falta de consecuencias para las familias cuando los protocolos escolares no son suficientes. La propuesta modifica el artículo 16 D de la Ley General de Educación para aplicar multas de hasta 50 UTM a los apoderados que, tras ser notificados formalmente por el establecimiento sobre conductas de bullying, no tomen medidas para evitar su repetición. La senadora Gatica ya se reunió con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para solicitar el patrocinio del gobierno, argumentando que la base de la educación parte en casa y que los colegios reconocen que sus esfuerzos son insuficientes sin un acompañamiento real desde el hogar. De aprobarse, esta modificación establecería un incentivo claro para que los apoderados se involucren activamente en la formación de sus hijos, incorporando la responsabilidad parental directamente en la regulación del tratamiento de la violencia escolar. El proyecto busca cerrar una brecha crítica en la convivencia educativa, donde actualmente las sanciones recaen principalmente en los estudiantes o los establecimientos, sin abordar el rol fundamental de las familias en prevenir el acoso.
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