El gobierno de José Antonio Kast prepara ajustes a la ley de reducción de jornada laboral que entrará en vigor el 26 de abril, cuando las empresas deberán pasar de 44 a 42 horas semanales. El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, confirmó que las modificaciones se realizarán mediante dictámenes, generando tensión entre el Ejecutivo, empresarios y trabajadores sobre cómo implementar la nueva norma. Entre los cambios anunciados destacan la revisión de cómo se cuenta el tiempo de colación dentro de la jornada laboral, actualmente protegido por la Dirección del Trabajo, y la flexibilización de horarios para padres con niños menores de 12 años. El gobierno busca permitir que empresas y trabajadores pacten directamente estos beneficios, argumentando que la interpretación actual es demasiado rígida. También se revisarán los criterios del Artículo 22 inciso 2 para ampliar las excepciones a personas sin horario fijo. La medida divide a los actores clave: Juan Sutil, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, valora la mayor libertad para pactos laborales, mientras que José Manuel Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, alerta sobre el riesgo de incertidumbre y menor protección de derechos. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, defiende mantener intacta la hora de colación de los trabajadores.
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