La protección de los glaciares argentinos, que por 16 años fue un escudo ambiental con jerarquía constitucional, está a punto de cambiar con consecuencias transfronterizas. El Congreso de Argentina debate una reforma que reduciría la protección integral de glaciares y zonas periglaciares, limitándola solo a aquellos con ‘función hídrica efectiva’. Este cambio, que ya tiene media sanción del Senado desde el 26 de febrero, transferiría a las provincias la potestad de decidir qué glaciares merecen resguardo, abriendo la puerta a proyectos mineros que hoy están prohibidos. La reforma es impulsada por el gobierno de Javier Milei, que argumenta beneficios económicos y creación de empleo. Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el sector podría generar hasta 200.000 empleos directos e indirectos hacia 2032 y atraer inversiones por más de USD 33.000 millones, especialmente en proyectos de cobre y litio. Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, señaló que el 75% de los proyectos de cobre requieren resolver el tema glaciares para avanzar. La modificación preocupa a Chile porque ambos países comparten cuencas hídricas que nacen en los Andes. El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA, registra casi 17.000 glaciares que alimentan 36 de las 96 cuencas argentinas.
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