El Ministerio de Seguridad, bajo la ministra Trinidad Steinert, prepara dos proyectos de ley que podrían alterar las reglas del juego en el combate al crimen organizado, pero enfrentan una fuerte resistencia desde el mundo judicial. A poco más de una semana de su asunción, Steinert avanza en iniciativas que buscan invertir la carga de la prueba en causas de crimen organizado y permitir juicios en ausencia de imputados, lo que permitiría condenar a acusados que no se presenten a audiencias tras ser notificados. Exfiscales como Marcelo Sanfeliú, exfiscal jefe de La Serena, y Luis Toledo, exdirector de la Unidad de Drogas de la fiscalía, cuestionan duramente ambas propuestas. Sanfeliú advierte que la inversión de la carga de la prueba vulnera el principio de presunción de inocencia, una garantía procesal básica. Toledo, aunque reconoce el fundamento de evitar que la fuga paralice la justicia, señala que los juicios en ausencia tensionan el derecho a estar presente en el juicio, clave del debido proceso. El choque entre la urgencia gubernamental por reforzar la seguridad y las advertencias de expertos sobre riesgos a derechos fundamentales pone en evidencia un debate crucial para el sistema penal chileno.
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