El gobierno chileno está desplegando una estrategia de seguridad fronteriza que va mucho más allá de la polémica zanja. Alberto Soto, comisionado para la Macrozona Norte, advierte que el objetivo es crear un sistema integral que canalice el tráfico irregular hacia puntos controlables, enfrentando lo que califica como crímenes internacionales y tráfico de armas que degradan la seguridad del país. Soto, almirante (r), detalló que el Plan Escudo Fronterizo combina medidas físicas, legales y administrativas. La infraestructura variará según la vulnerabilidad de cada punto: desde zanjas simples hasta combinaciones con concertinas, camellones y muros. Los trabajos, que incluyen zonas a 4.000 metros de altura, se extenderán por 9 a 10 meses, con avances sustanciales en los primeros 30 y 90 días. La iniciativa responde a una preocupación de seguridad nacional que trasciende la migración regular. Soto enfatizó que se enfoca en tráfico ilícito y posibles agresiones, donde el uso de fuerza en autodefensa está contemplado si se detectan armas. Paralelamente, el Ministerio de Defensa estudia otorgar mayores atribuciones a las fuerzas en la frontera, marcando un cambio en el estatus quo de seguridad chilena.
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