El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría, una decisión que ha generado cuestionamientos desde la oposición y que se enmarca en una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo. Este plan es un instrumento clave que fija lineamientos y acciones para la promoción, respeto y garantía de derechos, coordinando esfuerzos entre distintos ministerios y organismos públicos, y su retiro abre un debate sobre la continuidad de las políticas en esta área fundamental. La medida no está aislada: junto con el plan, se retiraron desde el ente fiscalizador 43 decretos relacionados con materias ambientales, lo que intensifica la polémica sobre el rumbo de las políticas públicas. Rabat aseguró que el proyecto será revisado como corresponde a una nueva administración y luego reingresado a Contraloría, cumpliendo con la obligación legal, pero esto no ha calmado las críticas. La senadora Claudia Pascual (PC) cuestionó la decisión, subrayando la importancia de este tipo de herramientas para la institucionalidad del país y destacando que era el tercer plan de derechos humanos del Estado de Chile.
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