Una decisión administrativa del Ministerio del Medio Ambiente ha puesto en pausa decenas de regulaciones ambientales que estaban en trámite, generando una controversia política y ambiental. La cartera, a través de un oficio del 12 de marzo, retiró de la Contraloría más de 40 decretos supremos impulsados en la administración anterior, bajo el argumento de una revisión técnica y jurídica para asegurar estándares de calidad. Entre las normas afectadas se encuentran planes de descontaminación para Puerto Aysén y el Lago Villarrica, la declaratoria del pingüino de Humboldt como monumento natural, la creación de parques nacionales como ‘Salar de Gorbea’ y ‘Mar de Juan Fernández’, y regulaciones sobre cambio climático, biodiversidad y emisiones industriales. El impacto de esta medida es significativo para la industria, la conservación y la salud pública, ya que congela avances en áreas críticas como la calidad del aire, la protección de especies en peligro como la ranita de Darwin, y la gestión de cuencas hídricas. El gobierno insiste en que se trata de una revisión habitual al inicio de una nueva administración y que los decretos podrían reingresarse tras el análisis, pero la incertidumbre genera riesgos para inversiones y compromisos ambientales. Ahora, la atención se centra en el plazo y los criterios de esta auditoría interna, que determinará si las normas retomarán su curso o sufrirán modificaciones sustanciales. El debate político y la presión de grupos ambientalistas y empresariales podrían influir en el desenlace de este proceso.
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