El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, generó una fuerte controversia al declarar que «no nos vamos a equivocar si tenemos que priorizar tres arbolitos a 100 mil empleos», una afirmación que la oposición cuestionó de inmediato por considerar que subestima la protección ambiental. Esta declaración se enmarca en una medida concreta del gobierno: un decreto presidencial que ordena resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), con el objetivo explícito de destrabar proyectos que ya cuentan con resolución de calificación ambiental pero permanecen detenidos en instancias administrativas. Los proyectos afectados por este decreto sumarían más de US$16.000 millones en inversión, según la información oficial. El gobierno argumenta que avanzar en la resolución de estas reclamaciones es una señal para acelerar proyectos que ya han pasado por procesos de evaluación ambiental. Sin embargo, el diputado del Partido Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, advirtió que mientras en temas arqueológicos han existido esperas de hasta 5 años que podrían mejorarse, «si lo que está en juego es la vida y la naturaleza, no se puede avanzar tan rápido».
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