El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta su primera prueba de fuego con una propuesta que podría reabrir las heridas del estallido social: una ley de indultos para carabineros y militares condenados por hechos ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. La ministra Mara Sedini, en sintonía con el mandatario, ha aclarado que no habrá una decisión generalizada, sino que se estudiará ‘cada caso’ individualmente, aunque sin ser una prioridad legislativa inmediata. Este enfoque, sin embargo, no ha calmado las aguas, sino que ha encendido un debate que ya divide al Congreso y amenaza con polarizar aún más el escenario político. Según datos del Ministerio Público, hasta junio del año pasado había 102 uniformados condenados, de los cuales 85 eran carabineros, 16 del Ejército y uno de la Armada. De esas sentencias, 64 se encuentran ejecutoriadas, es decir, sin posibilidad de recursos. En la oposición, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, criticó la idea al diferenciar entre ‘indultar a quien incendiaba que indultar al que defendía’, en referencia a los indultos firmados por el expresidente Gabriel Boric.
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