La nueva ministra de Educación, María Paz Arzola, reveló que encontró una situación financiera ‘peor’ de lo esperado al asumir la cartera, con compromisos legales sin financiamiento y un presupuesto para subvenciones escolares que fue subestimado durante su tramitación. Esto no se trata de falta de holguras para nuevos planes, sino de un recorte ya aplicado a leyes permanentes que financian la operación básica del sistema educativo. El desfase afectó específicamente la subvención de mantenimiento para colegios particulares subvencionados, donde la administración anterior de Nicolás Cataldo pagó solo el 76% en enero, incumpliendo la ley que exige el 100%. Aunque el 24% pendiente se pagó el 2 de marzo, según Pedro Díaz de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), aún faltan dos bonos para profesores. El entorno de Arzola describe una ‘evidente restricción de caja’ y un ‘bicicleteo’ con gastos superando ingresos, mientras el equipo saliente atribuye los atrasos a trámites presupuestarios y un presupuesto conservador que no incluyó la inflación del 3,1%. La tensión surge porque estos fondos son vitales para la continuidad del servicio educativo: financian el día a día de colegios públicos y particulares subvencionados, incluyendo mantenimiento, bonos docentes y ajustes por reforma previsional.
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