La Corte Suprema ha encendido una alerta en el derecho administrativo al declarar ilegal que la Contraloría General de la República se abstenga de recibir reclamos de funcionarios públicos a contrata que alegan confianza legítima. En dos sentencias unánimes, del 24 de febrero y 6 de marzo, la Tercera Sala resolvió que la decisión de la contralora Dorothy Pérez, emitida en noviembre de 2024, incurre en un error de derecho, ya que la ley atribuye expresas competencias a la Contraloría para pronunciarse sobre estos casos, independientemente de que estén judicializados. El fallo llega en un momento clave, previo a un cambio de administración donde se anticipan despidos y un aumento en este tipo de reclamaciones. El giro jurisprudencial marca un choque entre la postura de la contralora Pérez, quien argumentó que la temática se había vuelto litigiosa y correspondía a los tribunales, y la visión de la Suprema, que sostiene que las potestades públicas no son renunciables. La sentencia del 6 de marzo, firmada por ministros como Adelita Ravanales, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz, establece que la abstención de la Contraloría vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y deja a los empleados sin un foro administrativo para atender sus intereses, contradiciendo dictámenes previos que avalaban la posición de Pérez.
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