Un proyecto de ley que buscaba dar una salida humanitaria a condenados por edad o salud se ha convertido en un problema interno para la derecha chilena. La iniciativa, aprobada en su idea de legislar por el Senado, contempla causales tan amplias que permitirían la reclusión domiciliaria no solo a exuniformados implicados en causas de derechos humanos, sino también a homicidas seriales, violadores, narcotraficantes e incluso al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, único condenado por el asesinato de Jaime Guzmán. Los principales partidos de derecha han retirado su respaldo y prioridad al proyecto. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que ‘las urgencias son otras’ y que al articulado ‘le falta mucho trabajo’. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que el proyecto ‘debe ser mejorado… tiene que ser mucho más restrictivo’, mientras que la diputada Ximena Ossandón (RN) lo calificó como ‘un error’ y ‘una verdadera locura’. El freno a esta iniciativa tiene implicaciones directas para el sistema penitenciario y las víctimas de delitos graves. La discusión ahora se extenderá por varios meses, según Ramírez, ‘por respeto a las víctimas’, lo que mantendrá en suspenso cualquier posibilidad de modificación al régimen de conmutación de penas. El proyecto original, impulsado por senadores como Francisco Chahuán (RN), buscaba abordar casos terminales, pero la redacción actual ha generado un rechazo transversal dentro de la propia coalición que lo promovía.
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