Fernando Rabat, el próximo ministro de Justicia y Derechos Humanos bajo la administración de José Antonio Kast, se prepara para asumir una cartera marcada por desafíos urgentes. Su agenda incluye enfrentar la crisis en Gendarmería, impulsar modificaciones al Código Civil y velar por la probidad en los nombramientos judiciales, todo en un contexto de quiebre en las reuniones bilaterales entre el gobierno saliente de Gabriel Boric y el entrante. Rabat ha desplegado una intensa ronda de reuniones con ex autoridades, como Hernán Larraín y Patricia Pérez, para definir la hoja de ruta ministerial. Entre los puntos críticos, Gendarmería emerge como un foco prioritario para combatir el crimen organizado, con una reforma que busca traspasar la institución al Ministerio de Seguridad Pública, una medida que Rabat no ve con malos ojos y que alinea con esfuerzos previos del actual titular Jaime Gajardo. Además, la División Judicial será liderada por Patricio Humberto Cuevas Lagazzi, un abogado con experiencia en asesoría política y legal, en un intento por restaurar la confianza tras escándalos como el caso Audio y la ‘trama bielorrusa’. Estos pasos son cruciales porque impactan directamente en la seguridad pública, la eficiencia del sistema judicial y la transparencia en nombramientos clave.
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