La Contraloría General de la República ha solicitado formalmente antecedentes al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tras detectar irregularidades en el sueldo millonario de una periodista promovida durante la gestión del exdirector José Guajardo. Este caso, revelado en un reportaje de Biobío, ha generado cuestionamientos sobre el ajuste a la normativa pública y ha puesto bajo la lupa las prácticas contractuales del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, respondió que el Ejecutivo actuará conforme al procedimiento institucional establecido, señalando que el SAG entregará la información solicitada a través de conductos formales. Vallejo enfatizó que no tiene los elementos técnicos para detallar el caso, pero que la respuesta del organismo correspondiente explicitará cómo se ajusta a la normativa vigente. Este episodio se suma a un debate más amplio sobre transparencia y uso de recursos fiscales en servicios públicos, donde contrataciones y remuneraciones han sido objeto de escrutinio institucional. La fiscalización de la Contraloría busca aclarar posibles irregularidades administrativas, lo que podría impactar la confianza pública y la gestión de recursos en el sector agrícola. Ahora, se espera la respuesta formal del SAG dentro de los plazos administrativos, un paso clave que determinará si el caso avanza hacia sanciones o se resuelve internamente, manteniendo la atención en la rendición de cuentas del gobierno.
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