La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, ha encendido una alerta sobre la fragilidad institucional de Chile frente a las catástrofes. En medio de críticas al proceso de reconstrucción tras los incendios de enero en la zona centro-sur, la secretaria de Estado admitió que el país carece de una regulación específica para estas emergencias, señalando que ‘nuestro país es de catástrofe y, a pesar de eso, nuestra institucionalidad no contempla una regulación’. La declaración, realizada el 9 de febrero de 2026, surge como respuesta a las críticas que ha enfrentado el gobierno por la gestión post-desastre. Toro no solo reconoció las fallas, sino que propuso una solución concreta: tramitar una ley que establezca normas claras para la reconstrucción, un paso que busca evitar la improvisación y mejorar la coordinación en futuras crisis. Este llamado a la acción tiene implicaciones directas para miles de afectados y para la inversión pública. Sin una ley, los procesos de reconstrucción pueden volverse lentos, descoordinados y sujetos a discrecionalidad, lo que retrasa la recuperación de comunidades y aumenta los costos económicos y sociales. La ministra apunta a crear un marco legal que garantice eficiencia y transparencia, crucial para restaurar la confianza y asegurar una respuesta ágil ante desastres recurrentes en Chile.
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