La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general una reforma constitucional que redefine el rol de Gendarmería de Chile, trasladándola del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad Pública. Este paso, respaldado el 29 de enero de 2026, establece un plazo hasta el 3 de marzo para presentar indicaciones, marcando un giro en la estructura de seguridad del país al equiparar a Gendarmería con Carabineros y la PDI en la garantía del orden público. La reforma no solo modifica la dependencia institucional, sino que introduce efectos inmediatos en el régimen jurídico del personal. Se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de Gendarmería y se regula la figura del director nacional, estableciendo una inhabilidad para ser candidato a diputado o senador. Esto redefine las condiciones laborales y políticas dentro de la institución, alineándola con las otras fuerzas de seguridad. El impacto se extiende a la reinserción social: la iniciativa obliga al Presidente de la República a enviar, en un plazo de doce meses desde la publicación de la reforma, un proyecto de ley para crear un servicio especializado en esta área.
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