El caso de la fallida compra de la casa del difunto presidente Salvador Allende ha dejado demasiados heridos en el camino. A los cuestionamientos a funcionarios y asesores se suma la renuncia de la ahora exministra Maya Fernández (nieta de S. Allende) y la destitución de la senadora Isabel Allende (hija del otrora mandatario) por parte del tribunal constitucional. Estos hechos constituyen un duro golpe al corazón del oficialismo e incluso aparecen voces de amenaza de lista única, quiebre de pactos y cuestionamientos a las primarias frente a las próximas elecciones.
Más allá de los roces y peleas de siempre en política debemos centrarnos en el fallo y en el rol del tribunal constitucional, después de todo, la convivencia social e institucional consiste en que las instituciones funcionen, pero que lo hagan como es debido, sin presiones ni cuoteo de ningún tipo, lo que es bastante difícil en un país como Chile, acostumbrado al cuoteo político, el pituto y el arreglín.
En estas últimas horas hemos escuchado voces de crítica frente al fallo del tribunal, críticas al propio tribunal constitucional como órgano autónomo, críticas a los jueces del propio tribunal, a las formas de nombramiento, a sus decisiones, etc. Otros han optado por acatar y callar, sin cuestionar las decisiones del mismo. Pero ha quedado una sensación de inconformismo e incomodidad en el ambiente político e institucional. Algo así como que alguien no hizo su trabajo, no hizo lo que debía hacer o no dijo lo que tenía que decir. Y es cierto.
Dando vueltas a este asunto uno se pregunta ¿cómo en todo el aparataje institucional nadie pudo prever o avisar que lo que estaba ocurriendo no correspondía?; ¿cómo ninguno de los destacados y brillantes profesionales a cargo, abogados y administrativos de toda profesión, pudo percatarse de que el contrato traería más de algún inconveniente?; ¿por qué falló toda la cadena de administración pública si se supone que todos sus eslabones son profesionales allegados por arduos y extenuantes concursos públicos que miden al centímetro sus capacidades profesionales y curriculum?; ¿acaso todos hicieron vista gorda?; ¿acaso el miedo a perder la pega es más fuerte que hacer lo correcto y cumplir con tu trabajo?. Es más, quienes conocen de cerca cómo funciona la administración pública, saben que los contratos suscritos con el Estado y procesos de licitación conllevan la prohibición de participación de familiares directos. Probablemente sean miles las bases administrativas del Estado que tienen en su contenido explícitamente, tal prohibición. Entonces, ¿qué paso? Probablemente nunca lo sabremos.
Por último, resulta gracioso como algunos políticos cuestionan la decisión los jueces del tribunal constitucional. Cuestionamiento que surge debido a que, supuestamente, tales jueces debían estar “alineados” con el oficialismo, pues fueron designados por el propio presidente y partidos cercanos al oficialismo. Sí, otra vez el cuoteo. Es como se ha manejado Chile en los últimos 20 o 30 años. La supuesta independencia del poder judicial (recuerden el caso Hermosilla) está en la mira. ¿Hasta dónde influye la política en las decisiones judiciales, en las decisiones tomadas en base a derecho? Es una pregunta fundamental para comenzar a despejar la paja del trigo. La imparcialidad en el poder judicial es fundamental. Es como se supone que debe ser y como representa su característica escultura “la dama de la justicia”, ciega frente a las decisiones y basada en el derecho, sin mirar la condición previa del que es juzgado, de cuan poderoso o humilde sea, de cuan acaudalado o pobre.
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