Tras aprobación por la Cámara Baja de reforma que permite tercer retiro 10% de fondos AFP, las aseguradoras de rentas vitalicias acudirían al Tribunal Constitucional y otras instancias internacionales, argumentando inconstitucionalidad del proyecto por «vulnerar el derecho de propiedad”. Se plantea, entre otras cosas, una vulneración al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.