Plebiscito: Hora de hacer las cuentas

Plebiscito: Hora de hacer las cuentas

Soledad Pino, gerente de Asuntos Públicos LLYC.

El plebiscito de Chile, que rechazó por 61,8% la propuesta de Constitución ha dejado un cacao político y al menos tres asuntos interesantes e inesperados que observar. Que el celebrado 78% que había pedido hacer una nueva Constitución en realidad podría corresponder a un 42%; que el ejercicio de democracia participativa de la Convención Constituyente sucumbió y será el Congreso con la tradicional democracia representativa quien tenga la palabra; y que la izquierda al parecer no supo representar a los pueblos originarios.

Pasada la sorpresa del resultado del plebiscito, prácticamente todo el espectro político chileno se ha reunido para empezar a tirar líneas sobre cómo redactar una segunda propuesta constitucional, pues por ahora se mantiene vigente la redactada en el gobierno autocrático de Augusto Pinochet, reformada a lo largo de décadas de mandatos de la ex Concertación y luego, en una alternancia pendular y secuencial entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Antes del domingo, los partidos políticos se comprometieron transversalmente a que fuera cual fuese el resultado del plebiscito, “se respetaría la voz de la ciudadanía” que en octubre de 2020 había votado en un 78% por cambiar la Constitución; unos 5.850.000 de votos aproximadamente.

Pero, considerando que el universo que votó el domingo con sufragio obligatorio superó los 13 millones, ese 78% que dijo sí a cambiar la Carta Fundamental, pasaría a ser un 45%. Entonces, bien valdría la pena que tanto el Gobierno como los partidos aquilaten si efectivamente será una mayoría de la ciudadanía que esté interesada en cambiar la Constitución. Y en cualquier caso, de seguir adelante con ello, que esa labor concomite con el avance de proyectos de ley, reformas y políticas públicas que aborden las demandas ciudadanas por mejores pensiones, salud, seguridad pública y vivienda, entre otras.

La otra derrotada
La elección del domingo en el país sudamericano dejó otro caído en el piso: la democracia participativa.
La Convención Constituyente —con sus 155 miembros elegidos por votación popular, con paridad de género, 17 escaños reservados para pueblos indígenas y listas de independientes— fue destacada como el gran ejercicio de democracia participativa, en desmedro de la clásica democracia representativa.

Además, la Convención contaba con mecanismos participativos para su funcionamiento, con iniciativas populares, encuentros autoconvocados, audiencias públicas obligatorias, cuenta popular constituyente, foros deliberativos, cabildos comunales, consulta indígena, etc.

Todo ese esfuerzo de participación no surtió efecto —o más bien afecto— en la ciudadanía y muchas de las críticas por la actuación de la asamblea fue a partir de la conducta de constituyentes de listas de independientes, que llegaban disfrazados (literal) de figuras de manga japonesa o dinosaurios, u otro que en una sesión telemática votaba mientras estaba en ducha, o el escándalo con más impacto para la Convención, cuando se descubrió que el convencional Rojas Vade mintió sobre su enfermedad, la cual fue su bandera de lucha durante la campaña. También, las salidas a regiones para rendir cuenta de su trabajo despertaron críticas por el costo que significaban.

El domingo demuestra que la democracia participativa no tuvo el resultado esperado ni de difusión ni adhesión a la Convención.

El “rechazo” de los pueblos originarios
La participativa Convención que elaboró la propuesta rechazada este domingo en Chile, estuvo compuesta por 155 miembros de los cuales solo 37 era de derecha y centroderecha. 101 eran desde la centroizquierda hasta lo que se entendería como izquierda radical, aunque sin partidos. El diseño contemplaba 17 escaños para pueblos originarios: siete para los mapuches, dos para aymaras y uno escaño para otros pueblos minoritarios como el rapa nui.

En la discusión política chilena de las últimas décadas sobre los pueblos originarios, lo que más ha resonado tenía que ver con su reconocimiento constitucional. Pero los convencionales fueron a por más. El texto redactado optó por una visión más amplia que incluyó reconocimiento, derechos colectivos, algún grado de autonomía, consulta en la gobernanza de los territorios, reivindicación de tierras y hasta un sistema de justicia indígena (que la ciudadanía entendió podría ser paralelo a la justicia ordinaria), entre otras cosas.

Así, el texto rechazado señalaba que Chile sería “plurinacional, intercultural, regional y ecológico” y reconocía “la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”.

Pese a que en Chile se ha hecho común ver banderas indigenistas en las manifestaciones masivas, todo indica que a la ciudadanía este enfoque no le hizo sentido. Los resultados entregan algunas luces para pensar que si se hubiese optado por una lógica más minimalista en las propuestas indígenas, estas no se hubiesen transformado en un factor altamente conflictivo y recurrente en la conversación pública y social y posiblemente su rechazo en los electores habría disminuido.

Peor aún para quienes pensaban que estaban interpretando el sentir de los pueblos originarios, la opción “rechazo” del plebiscito concentró su mayor caudal de votos en la zona sur del país, donde se concentra una importante población mapuche. En Alto Biobío el “rechazo” fue de 72,1%; en Tirúa un 77,2%; en Cholchol un 73,8%; y en Galvarino un 75%.

Claro que el resultado podría deberse al hastío de esa población en la zona, donde movimientos de reivindicación mapuche despliegan métodos de acción violenta.

Pero, en la zona norte, donde se ubica la población aymara, tampoco fue mejor. En la frontera con Bolivia se ubica la pequeña localidad de Colchane (con 78% de población aymara), que está permanentemente recibiendo migrantes que entran por tierra. El “rechazo” obtuvo 94,7% aquí. Su alcalde, Javier García (de centroderecha) explicó que para su comunidad la propuesta constitucional hubiese implicado un retroceso respecto a los derechos de agua, que pasaban a ser del Estado, en vez de lo que actualmente tienen. A la vez, dice, que tampoco se refería a seguridad pública y migración. En las otras comunas con alta población indígena, la votación se repitió, como en las comunas de Camiña (87,6%), General Lagos (87,5%) o Camarones (68,97%).

Esta situación sin duda está siendo uno de los quebraderos de cabeza para los sectores de los movimientos sociales y de izquierda presentes en la Convención, pues a lo largo de los años la causa indigenista ha sido uno de sus temas, y tras los resultados del domingo 4 de septiembre le está mostrando un rostro que, al parecer, hasta ahora no le veía.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Publimicro.

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