A pesar de las reservas de constitucionalidad presentadas por miembros del Partido Comunista y del Frente Amplio durante la tramitación de la nueva Ley Antiterrorista en Chile, la falta de firmas necesarias impidió que estos reclamos llegaran al Tribunal Constitucional (TC). La ley, que incluye medidas controvertidas como el uso de dispositivos para rastrear comunicaciones, fue promulgada sin los desafíos legales esperados. Según la Constitución, se requería el apoyo de una cuarta parte de los miembros de cualquier cámara del Congreso para avanzar con un requerimiento formal ante el TC, umbral que no se alcanzó. El Tribunal Constitucional, en su revisión de la ley, no consideró los “téngase presente” enviados por algunos diputados y senadores, ya que estos no constituyen un medio formal para impugnar la legalidad de la legislación. El tribunal resaltó que solo puede revisar reservas de constitucionalidad cuando se presenta el número adecuado de firmas o cuando se solicita por parte del Presidente de la República o de las cámaras del Congreso. Así, la nueva Ley Antiterrorista pasó su control preventivo sin modificar los artículos impugnados, marcando un precedente importante en cómo se gestionan las inquietudes constitucionales en el proceso legislativo chileno.
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