El Décimo Juzgado Civil de Santiago, ordenó que el Estado de Chile deberá pagar $50 millones de pesos, por daño moral a una detenida durante la dictadura militar en abril de 1988, quien fue torturada en un recinto de la PDI de Talca. La Juez Susana Ortíz Valenzuela, determinó que se trataba de un crimen de lesa humanidad imprescriptible, pese que el Fisco intentó presentarlo como un caso con prescripción. Durante su estadía en el recinto policial, la mujer afirma haber sufrido vejaciones sexuales y torturas. La víctima sufrió cinco días de vejatorios interrogatorios, donde fue torturada reiteradamente para que revelara la ubicación de su pareja de entonces, un militante del Partido Comunista.
