De espalda a la realidad

El país está atravesando tiempos difíciles. La crisis económica derivada de la pandemia ha agravado la situación de cesantía, ha dificultado el pago de deudas, entorpecido el pago de servicios básicos y limitado el acceso oportuno a servicios de salud, educación y alimentación. Hacerle frente ha sido una tarea que se le ha dificultado de sobremanera al gobierno, y en este contexto, generar políticas públicas que vayan en ayuda de la población debe ser prioridad en la agenda pública.

En esta línea, el lunes pasado la comisión de constitución del senado inició la sesión en la que se revisó el proyecto sobre el tercer retiro de fondos de pensiones, el cual fue despachado por el congreso este viernes y que será definido finalmente por el tribunal constitucional, que decidirá si el proyecto pasa o no a ser ley. De ser aprobado, se convertiría en una gran oportunidad para la población de adquirir los recursos necesarios para hacer frente a la crisis, por lo menos por una temporada.

De hecho, la población ha respondido positivamente cada vez que se pone en la palestra la opción de poder retirar un porcentaje de sus fondos previsionales, con un 83% de aprobación en el primer retiro (Cadem, junio 2020), un 92% en el segundo retiro (Cadem, noviembre 2020), y para este tercer retiro, la gente se ha manifestado de forma masiva a lo largo del país.

Por otro lado, es importante observar en qué se ha gastado el dinero la gente que ya ha hecho retiro de sus fondos con anterioridad: 55% de las personas guardó, ahorró o invirtió su dinero, mientras que un 43% lo gastó en bienes y servicios básicos, como alimentos y remedios (37%), pago de deudas (25%), y pago de cuentas de servicios básicos (20%) (Cadem, noviembre 2020). Lo que, además, dialoga con el estudio realizado por la Asociación chilena de municipalidades (AChM, junio, 2020), en donde postulan que las principales demandas de la población van desde alimentación y mercadería, a servicios básicos (arriendo, agua, gas, electricidad), por lo que la importancia de este retiro recae en permitir que las personas puedan continuar cubriendo sus necesidades básicas, y es que se ha abierto un nuevo paradigma, las prácticas de consumo se han transformado y la gente ha puesto como prioridad los elementos imprescindibles para la subsistencia.

Sin embargo, la posición del gobierno es materia conocida. Desde el ejecutivo el proyecto se tilda como “una muy mala política pública”, replica Juan José Ossa, en un ciego intento por “velar por lo que es mejor para los chilenos”, y remarca el retiro cómo “una derrota para las pensiones de los chilenos”. No obstante, la deficiente ayuda estatal ha empujado a la población a ver como única opción sus ahorros previsionales. La tozudez del gobierno y en especial del presidente Piñera demuestra una vez más la desconexión que existe con la gente, y no ver la crisis económica desde la perspectiva de la población ha sido un error que ha tenido que pagar la ciudadanía.

Las ayudas sociales son insuficientes y la información no se entrega de forma clara, recordar cómo se anunció con bombos y platillos que el bono clase media sería de $500.000, sin embargo, la sorpresa llegó al saber que se descuenta según ingreso, se descuenta si recibió el IFE, se descarta si no trabajó el año anterior, no consideran a los trabajadores informales y un sinfín de obstáculos que están dejando una larga fila de personas a la deriva, más aún ahora, que se abre la posibilidad de un nuevo retiro y que es opacado por el requerimiento del gobierno de llevarlo al TC.

El panorama es complejo. Si se declara admisible el requerimiento del presidente Piñera, y el retiro de los fondos previsionales se declara inconstitucional no podrá convertirse en ley, y dejará a la deriva a miles de familias que en la actualidad no cuentan con mas opciones para poder sobrevivir esta pandemia. Además, las consecuencias sociales serían ineludibles, existe una latente posibilidad de que las manifestaciones aumenten y que las protestas se intensifiquen, una situación poco deseable durante una pandemia, pero muy probable considerando el camino que están tomando las cosas en el parlamento.

El gobierno ha sido claro en su postura, su rechazo al retiro es persistente. Cierran la posibilidad de enfrentar la escasez de recursos con el tercer retiro, y, sin una renta universal, le están negando a las personas la oportunidad de enfrentar esta crisis. Querer retirar los fondos por tercera vez no es un capricho, un antojo, ni un arrebato. De alguna forma deben compensar la escasez de recursos, y si bien no es lo ideal poner en peligro las pensiones de las personas, las necesidades de hoy requieren de prontas soluciones, hoy la gente está pasando hambre, hoy la gente se está quedando sin recursos, y sin una política pública universal y contundente, la población no tiene más opción que utilizar sus ahorros previsionales, en desmedro de sus futuras pensiones.

Por otro lado, el presidente Piñera ha anunciado este domingo su propia propuesta para el retiro de fondos previsionales, que reemplazaría el proyecto que actualmente se encuentra en el tribunal constitucional. Esta nueva reforma, en un intento por frenar el tercer retiro aprobado por el congreso, “es un mejor proyecto”, postula el presidente, añadiendo que “otorga beneficios a 3 millones de cotizantes que hoy tienen saldo 0 y no podrían a ver retirado nada”, además de que “respecta nuestra constitución y nuestro Estado de Derecho”. Sin embargo, su propuesta es tardía y retrasa el proceso del tercer retiro, un proyecto que está listo, que tiene un gran respaldo ciudadano y que ha sido aprobado por una amplia mayoría en el Congreso, e incluso tiene el respaldo de gran parte del oficialismo. Es necesario forzar la discusión y entregar a la gente una respuesta ahora, no hay tiempo para conflictos de poder ni forcejeo de egos, mientras no exista una renta básica de emergencia, es de vital urgencia despachar un proyecto de retiro de fondos lo antes posible.

Priscilla López – Socióloga Contextus Ltda.