Las diputadas integrantes de las comisiones de Personas Mayores y de Familia, Marlene Pérez y Natalia Romero (Indp-UDI), llamaron al Gobierno, pero en específico al Ministerio de Desarrollo Social, a otorgar máxima urgencia a un proyecto de ley que presentaron en mayo de 2022, que busca prohibir que las notarías puedan exigir a los adultos mayores un certificado de lucidez al momento de realizar algún tipo de trámite. Lo anterior, tras una carta publicada este lunes en un medio de circulación nacional, donde una persona aseguró que en una notaría le negaron a su abuelo de 88 años la posibilidad de vender un vehículo que estaba a su nombre, exigiéndole un certificado extendido por médicos especialistas. Al respecto, junto con calificar dicha práctica como “discriminatoria”, las parlamentarias recordaron que en 2022 también se dio a conocer un caso similar en Chile, en el que a un adulto de 75 años le exigían un certificado emitido por un geriatra, neurólogo o psiquiatra para poder vender su vehículo. Por lo mismo, las parlamentarias presentaron ese año un proyecto que incorpora al Código Orgánico de Tribunales un nuevo artículo, que establece que “los notarios no podrán exigir a las personas, por motivo de edad, certificados u otros documentos para verificar sus facultades cognitivas o la ausencia de alteraciones psíquicas”, el cual sigue “durmiendo” el sueño de los justos.
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