“Otorgar a los gobiernos regionales nuevas atribuciones en prevención del delito y asistencia a víctimas”, es el objetivo central del proyecto de ley que, esta semana, fue aprobado en general y de manera unánime por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara -quien ha impulsado esta iniciativa en el Congreso Nacional-, explicó que una de las principales propuestas del proyecto es que los gobiernos regionales puedan diseñar y ejecutar planes en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito. Asimismo, podrán financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores, y tendrán la facultad de desarrollar acciones para la atención a víctimas de delitos. Por último, los gobiernos regionales se integrarán al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como a los consejos regionales y comunales en esta materia. Para el ejercicio de estas nuevas funciones, deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que proveerá colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito y formular la planificación correspondiente.
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