En una nueva arista del llamado “Caso Convenios”, a través de su Procuraduría Fiscal de Antofagasta, el Consejo de Defensa del Estado presentó este martes una querella criminal en contra de la representante legal de la “Fundación Procultura”, María Constanza Gómez Cruz, en calidad de autora del delito consumado de apropiación indebida. Ello, es sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a otras personas y a la querellada por otros hechos y delitos, de acuerdo con los avances de la investigación penal. La acción le imputa el delito previsto y sancionado en el artículo 470 N.º 1, en relación con el artículo 467 del Código Penal, que establece que se aplicarán penas privativas de libertad “a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla”. Dicho ilícito, sostiene el CDE en su querella, se habría configurado mediante la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la mencionada fundación y la SEREMI MINVU y SERVIU -en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta-, a los que se añadió un quinto correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios, por la suma total de $545 millones de pesos.
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