Los diputados de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, Henry Leal y Marlene Pérez, anunciaron que solicitarán la remoción de todos los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que validaron el otorgamiento de una serie de pensiones de gracia en el contexto del denominado “estallido social”, luego que la Contraloría General de la República -a través de una auditoría- advirtiera que se cometieron múltiples irregularidades y desprolijidades durante todo el proceso. Al respecto, y junto con calificar como “categórico” el informe del ente contralor, los parlamentarios gremialistas apuntaron directamente a las pensiones otorgadas a 58 delincuentes que mantienen antecedentes penales, algunos de ellos con más de diez condenas en su contra, dentro de las cuales figuran delitos de homicidio, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, entre otros. Pero además, los diputados Coloma, Leal y Pérez también hicieron mención a los 19 casos que, según la misma Contraloría, no presentaron antecedentes médicos al momento de solicitar el beneficio, en circunstancias de que una de las exigencias era justamente acreditar algún menoscabo laboral.
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