Una auditoría del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión del gobierno identificó más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones que debieron haber sido rendidos, y al menos $1,4 billones que no acreditan su rendición. El hallazgo, que instruye investigaciones en cuatro ministerios, fue recibido con escepticismo por la oposición, que lo califica como un intento del Ejecutivo de desviar la atención de sus propios problemas. La diputada Tatiana Urrutia (FA) pidió investigar todo, pero advirtió que “el Gobierno busca usar cada hallazgo como cortina de humo”, justo después del fracaso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau y las malas cifras económicas. En la misma línea, la diputada Andrea Parra (PPD) calificó de “sospechoso” que la auditoría se ventile ahora, y el timonel del PPD, Raúl Soto, exigió que los antecedentes se pongan en la Fiscalía para evitar una “nueva polémica política”. Desde el Frente Amplio, la jefa de bancada Gael Yeomans ha oficiado en dos oportunidades al Ministerio Secretaria General de la Presidencia y al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, solicitando antecedentes del “Plan de Inspección”. La crítica apunta a que el gobierno no puede ser “juez y parte” en la investigación de recursos públicos de la administración de Gabriel Boric.
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