El crimen de Alejandro Águila en San Bernardo aceleró los planes del Ejecutivo. El ministro de Justicia Fernando Rabat y el ministro de Seguridad Martín Arrau trabajan en indicaciones a la moción del senador Andrés Longton (RN) que permitirán transferir a adolescentes de 16 y 17 años a la jurisdicción penal ordinaria para delitos graves como homicidio, secuestro o bombas. La medida, que será solicitada por el Ministerio Público y autorizada por un juez, busca que las penas se determinen con las reglas de adultos. El proyecto, en segundo trámite en el Senado, elimina reglas especiales que rebajan las penas de adolescentes y permite considerar reincidencia desde los 14 años. Además, quienes cumplan 18 años con condenas pendientes serán trasladados a cárceles de adultos. El subsecretario Gonzalo Guerrero informó que las indicaciones incluyen endurecer condiciones de seguridad en centros juveniles por decisión de directores de Gendarmería y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Paralelamente, el senador Longton criticó que el sistema actual es «permisivo y excesivamente garantista», lo que impide penas efectivas. La iniciativa también aborda la prevención: el ministro Rabat impulsa el proyecto de Responsabilidad Parental, que refuerza la obligación de los padres ante tribunales de familia por delitos de sus hijos. Otras mociones en el Senado, lideradas por la presidenta Paulina Núñez, buscan fortalecer sanciones privativas de libertad y crear un nuevo delito por instrumentalización criminal de menores.
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