El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se juega su gestión en el paquete legislativo que presentará ante el Senado el próximo 2 de junio. Tras semanas de críticas por la falta de un plan propio —la oposición y la exvocera Camila Vallejo apuntaron que el gobierno de Kast reciclaba la política de Boric—, Arrau busca marcar distancia con su “impronta”. En las últimas horas ha adelantado medidas concretas: sanciones más duras contra el vandalismo, que implicarían la pérdida de beneficios estatales, y una protección jurídica reforzada para policías, incluso con la posible aplicación del Código de Justicia Militar. El plan se apoya en la Política Nacional de Seguridad Pública creada bajo la administración de Gabriel Boric, vigente hasta 2031. Arrau ha dicho que “si alguien pretende refundar las instituciones está muy equivocado”, pero ha prometido cambios. Entre las iniciativas, más de 20 proyectos legislativos con urgencia —algunos ya existentes y otros nuevos— que abarcan desde reformas penales hasta mejoras institucionales para Carabineros, PDI y Gendarmería. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respaldó la línea: “reivindicar el uso de la fuerza y restablecer el sentido de autoridad”.
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