El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal entregó este lunes los hallazgos preliminares de su tercer informe, que revisó más de 913 millones de registros en 500 servicios públicos. La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, informó que los recursos involucrados superan los 9.200 millones de dólares, aunque aclaró que no implican necesariamente fraude, sino que incluyen errores, inconsistencias, mala gestión y posibles irregularidades penales. La principal alerta es una deuda traspasada al nuevo gobierno por 3.200 millones de dólares (cerca del 1% del PIB), la más alta en los últimos cambios de mando. Los principales afectados son proveedores de salud (US$1.000 millones), Junaeb (US$650 millones), gratuidad universitaria (US$400 millones) y 9.986 pymes (US$268 millones). Además, el Ejecutivo ordenó investigaciones particulares en Junaeb, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transporte y Anid, por posibles fraudes, ineficiencias y falta de control financiero. Estos hallazgos implican un riesgo directo para la continuidad de servicios críticos como alimentación escolar y salud, y podrían derivar en acciones legales ante Contraloría, Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público. La magnitud de la deuda y las irregularidades detectadas ponen presión sobre el nuevo gobierno para gestionar pasivos heredados y restaurar la confianza en el uso de recursos públicos.
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