La Contraloría General de la República emitió un dictamen que valida la utilización del Palacio de La Moneda como residencia presidencial y para la realización de cultos religiosos durante la administración del Presidente José Antonio Kast. El organismo, liderado por la contralora Dorothy Pérez, concluyó que estas actividades se enmarcan en el uso histórico del inmueble, descartando ilegalidades en las denuncias presentadas por un grupo de ciudadanos. El pronunciamiento, fechado el 29 de abril, respondió a una presentación de David Silva Bernales, Miguel Yáñez Lagos, Cleiton Dejair Córdova Martins y otras personas que solicitaron reserva de identidad. La Contraloría señaló que La Moneda ha servido históricamente como residencia permanente del Mandatario y su familia, y que los cultos religiosos se realizan desde antiguas fechas en tres capellanías oficialmente autorizadas dentro del recinto, coordinadas por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Pese a validar el uso actual, la Contraloría consideró «necesario» que la Dirección Administrativa de la Presidencia, en coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Bienes Nacionales, actualice o establezca una regulación interna para el uso de espacios tanto en La Moneda como en el Palacio Cerro Castillo.
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