En medio del debate por el proyecto de Reconstrucción que impulsa el Gobierno en el Congreso, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, anunció una batería de medidas para agilizar la inversión en el país. La secretaria de Estado reveló que el Presidente le instruyó hacerse cargo del stock de reclamaciones pendientes: 51 proyectos acumulaban más de 200 días de espera en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o en el Comité de Ministros. Para romper el cuello de botella, Toledo afirmó que el Comité de Ministros sesionará al menos una vez al mes, garantizando doce reuniones anuales. «Esto es una señal para los propios ministros, indicando que esto es parte de su tarea cotidiana», sostuvo. La medida busca ordenar las reclamaciones sin alterar el criterio técnico del SEA. En paralelo, la ministra defendió la polémica norma de restitución de gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es invalidada por la vía judicial. «El esfuerzo que está detrás es una señal del Estado de compartir un poco el riesgo de la inversión», explicó. La compensación operaría una vez agotado el trámite judicial y cubriría inversiones ejecutadas hasta cinco años atrás, con cargo al fisco. Toledo reconoció que es difícil estimar el impacto fiscal, pues dependerá de cada proyecto. La señal, dijo, es «reforzar las certezas del proceso de evaluación ambiental y que el Estado asuma el riesgo». La iniciativa genera reparos en el Congreso, pero el Gobierno insiste en que no altera el funcionamiento del sistema de evaluación.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
