Este lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acoge la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres imputados por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. El caso, investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, suma como querellantes a la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Los otros imputados son Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Lavín, y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva. Según la Fiscalía, el exdiputado rindió a la Cámara de Diputados y al Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones. Estas facturas estaban a nombre de la imprenta MMG, propiedad de Juan Silva, y de la empresa Modo 74 SPA, de Felipe Vásquez. El desafuero de Lavín fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago en octubre de 2025 y ratificado por la Corte Suprema en marzo pasado, que consideró plausibles las imputaciones. El abogado y exfiscal Emiliano Arias explicó que, al igual que en el caso de Cathy Barriga —esposa de Lavín y exalcaldesa de Maipú—, el esquema no apuntaba a un gran enriquecimiento, sino a generar ingresos para potenciar la imagen del diputado mediante una campaña permanente usando la municipalidad.
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