Una medida que busca aliviar la carga económica de los adultos mayores amenaza con desfinanciar servicios básicos en más del 80% de las comunas de Chile. La exención total del impuesto territorial para mayores de 65 años en su vivienda principal, incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional, generaría una caída estimada de $200 millones anuales en recaudación, de los cuales $130 millones van directamente al Fondo Común Municipal que redistribuye recursos hacia las comunas más vulnerables. Alcaldes de distintos sectores han levantado alertas sobre el impacto. Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, calificó la medida como «la más regresiva desde el retorno a la democracia», argumentando que beneficiaría principalmente al 5% de mayor ingreso. Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, expresó preocupación por la falta de una hoja de ruta clara sobre cómo se implementarán los cambios al fondo. Aunque algunos jefes comunales como Carol Bown, alcaldesa de San Miguel, valoran el alivio para quienes no pueden pagar, advierten sobre la necesidad de compensación clara. El proyecto considera que la Ley de Presupuestos deberá contemplar mecanismos de compensación, pero no garantiza que esta reposición sea total. Esta incertidumbre abre un nuevo eje de tensión en el financiamiento municipal, donde cualquier pérdida de recursos impactaría directamente servicios como seguridad, mantención de espacios públicos y apoyo social a los vecinos. La medida establece sanciones para evitar su uso indebido, incluyendo multas por evasión e inhabilitación del beneficio por 10 años.
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