El ex gobierno del Presidente Gabriel Boric se defiende tras la publicación de una auditoría de la Contraloría General de la República que examinó las compras de terrenos para el Plan de Emergencia Habitacional entre mayo de 2022 y diciembre de 2024. El informe de 149 páginas, según reportes mediáticos, habría detectado que más de 600 hectáreas se adquirieron sin un reglamento legal requerido, con un 42% de las compras en regiones donde el propio plan indicaba que no se necesitaban suelos, y pagos que duplicaron o triplicaron valores de referencia en predios de la Región Metropolitana. Vicente Burgos Salas, ex jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, respondió que las observaciones «apuntan a riesgos presupuestarios derivados de la ausencia de rangos formales, no a irregularidades en los precios pagados». Enfatizó que el informe «no ordena la invalidación de actos administrativos, ni la restitución de recursos, ni califica operaciones como ilegales», y que los valores fueron respaldados por tasaciones comerciales conforme a estándares técnicos vigentes.
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