La declaración judicial de la exdiputada Karol Cariola (PC) ante el fiscal Ricardo Soto despeja dudas sobre su vínculo con un empresario chino, pero deja en el aire preguntas sobre la transparencia de sus acciones. Cariola admitió haber realizado consultas y gestiones en reparticiones públicas, como la Subsecretaría del Interior y el municipio de Santiago, en favor de Emilio (Bo) Yang, secretario general de una asociación de empresarios chinos en Chile, durante las épocas de Monsalve y Hassler, respectivamente. También reconoció el borrado de chats, aunque negó categóricamente haber recibido aportes irregulares para sus campañas políticas. La investigación, que lleva 405 días, se inició tras la incautación de dispositivos electrónicos a Cariola por la Policía de Investigaciones (PDI), derivada de una «esquirla» del caso Sierra Bella. Los chats con la entonces alcaldesa de Santiago, Iraci Hassler, levantaron sospechas de tráfico de influencias, llevando a una investigación separada. Cariola explicó que, como miembro del comité interparlamentario de Amistad de Chile y China, recibió consultas de Yang, lo que justificó sus gestiones. Este caso impacta la credibilidad política y judicial en Chile, poniendo bajo escrutinio las relaciones entre legisladores y empresarios extranjeros.
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