El ministro de Vivienda, Iván Poduje, enfrenta su primer gran desafío: desmontar lo que califica como una herencia problemática mientras acelera la reconstrucción tras los incendios. En su balance mensual, reveló que ya reasignó 118.000 millones de pesos de proyectos «mal ejecutados» o «no prioritarios», un movimiento que busca corregir lo que describe como cargas heredadas de la administración anterior. Este ajuste presupuestario llega en un momento crítico, con miles de familias aún esperando soluciones habitacionales tras las tragedias de Viña del Mar, El Olivar y Penco. Entre las medidas concretas, Poduje confirmó que el proyecto de Reconstrucción Nacional ingresará al Congreso la próxima semana e incluirá una reducción del IVA para nuevas viviendas, aunque sin precisar el monto. Además, estableció plazos ambiciosos: comprometió reconstruir las 850 viviendas de El Olivar para diciembre, tras cambiar a la empresa contratista por fallas en 350 unidades. En Penco, donde se destruyeron 3.200 viviendas, ya se asignaron 1.500 subsidios. Paralelamente, anunció desalojos judiciales en Colina y San Antonio, criticando duramente la compra de un terreno tomado por el gobierno anterior. El impacto de estas decisiones es directo: redirigir recursos hacia prioridades urgentes mientras se redefine la política habitacional del gobierno de José Antonio Kast.
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