La agresión física contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia ha expuesto una fractura en la seguridad de las autoridades y encendido un debate nacional sobre cómo proteger la comunidad educativa. El ataque, donde manifestantes la empujaron, lanzaron agua e insultaron, ocurrió sin que la titular tuviera protección especial, revelando que estaba catalogada con ‘bajo perfil de riesgo’ junto a otros once ministros. Esto ha llevado a Carabineros a revisar los perfiles de riesgo de todos los secretarios de Estado, mientras desde La Moneda se evalúa reforzar la coordinación de seguridad en viajes oficiales. La investigación, a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI y la Fiscalía Regional de Los Ríos, ya ha identificado a al menos seis estudiantes mediante análisis de video, vinculando a dos de ellos con los partidos Comunista (PC) y Socialista (PS). El Ministerio de Seguridad presentó una querella argumentando ‘motivación política’ en el ataque, aunque diputados como Lorena Pizarro (PC) han acusado intentos de ‘criminalizar la protesta’. Paralelamente, el rector Egon Montecinos declaró ante la fiscalía, colaborando con la indagatoria que podría derivar en sanciones estudiantiles que van desde amonestación hasta expulsión.
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