La violencia escolar ha puesto a prueba la convivencia en los establecimientos educacionales, y la ciudadanía parece haber tomado una posición clara. La más reciente encuesta de Criteria, aplicada entre el 8 y 9 de abril de 2026 mediante panel online, revela un amplio respaldo a las medidas del gobierno de José Antonio Kast orientadas a reforzar el orden en los recintos educativos, tras recientes hechos de violencia. Los resultados son contundentes: un 75% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con establecer sanciones para alumnos que interrumpan o paralicen el normal desarrollo de las clases. Solo un 8% manifiesta rechazo o fuerte desacuerdo, mientras que un 17% se mantiene neutral. Otra medida que también recibe apoyo significativo es impedir la gratuidad en educación superior a personas condenadas por hechos de violencia, con un 65% a favor. Estas cifras reflejan una tendencia mayoritaria a favor de endurecer las normas de convivencia en el sistema escolar, posicionando estas iniciativas como algunas de las más valoradas por la ciudadanía en el actual contexto. El respaldo ciudadano otorga legitimidad política a las acciones del Ejecutivo en un tema sensible que afecta directamente a comunidades educativas, familias y el futuro formativo de miles de estudiantes.
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