Una propuesta del ministro del Interior, Claudio Alvarado, para permitir que migrantes irregulares retiren sus fondos previsionales como condición para abandonar Chile ha desatado un debate que trasciende la política migratoria y toca un pilar estructural de la economía. La idea, formalizada como reforma constitucional por diputados del Partido de la Gente (PDG), pone en cuestión cómo extranjeros sin residencia regular pueden acumular ahorros en AFP, exponiendo debilidades en la fiscalización laboral y riesgos para el sistema de pensiones. El mecanismo actual permite a trabajadores extranjeros sin RUT definitivo cotizar mediante el Número Identificatorio para Cotizar (NIC), emitido por las AFP con un contrato de trabajo y documento de identidad válido. Según datos del estudio ‘Análisis de la migración en Chile’, la tasa de informalidad previsional de migrantes alcanzaba el 32,9% en diciembre de 2024, con entre 337.255 y 396.500 personas en esa situación entre 2020 y 2024. La propuesta del PDG busca extender a migrantes formalizados pero irregulares un beneficio similar a la Ley N° 18.156, que en 2024 aprobó 21.898 solicitudes de retiro por más de $121 mil millones, principalmente para venezolanos.
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