El inicio del año escolar 2026 en Chile se ha visto marcado por una escalada de violencia que ha llevado a las autoridades policiales a activar protocolos de máxima alerta. La Policía de Investigaciones (PDI) ahora considera cualquier amenaza en entornos educativos como real, tras una serie de incidentes graves que incluyen desde amenazas de tiroteo hasta ataques mortales, generando alarma en comunidades educativas y gobierno. Según constató Emol, al menos 26 estudiantes han sido detenidos en las últimas semanas por hechos que van desde porte de armas de fuego y artefactos incendiarios hasta amenazas escritas y verbales. La cronología incluye casos como el estudiante de 18 años del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama que apuñaló a compañeros y docentes, matando a una inspectora; alumnos del Liceo de Aplicación con materiales para bombas molotov; y múltiples detenciones por armas blancas y de fuego en colegios desde Puerto Montt hasta Valdivia. Esta ola de violencia impacta directamente la seguridad de miles de estudiantes, docentes y funcionarios, obligando a instituciones a reforzar protocolos y desviar recursos policiales hacia la vigilancia escolar. La frecuencia y gravedad de los incidentes -con detenciones casi diarias durante marzo y abril- revelan una crisis que trasciende lo anecdótico y exige respuestas estructurales del sistema educativo y de seguridad.
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