Venezuela vive un escenario de claroscuros donde una tímida apertura política anunciada por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez convive con una estructura represiva que mantiene intacta su capacidad de acción. Mientras el gobierno proclama un mensaje de ‘reconciliación y perdón’ que ha permitido a dirigentes opositores salir de la clandestinidad y a trabajadores retomar protestas callejeras, las fuerzas de seguridad continúan reprimiendo manifestaciones y periodistas siguen siendo agredidos sistemáticamente. La marcha de sindicalistas del jueves que exigían aumento salarial fue bloqueada por la Policía cuando intentaban llegar al Palacio presidencial de Miraflores, con agentes golpeando manifestantes y rociándolos con gas pimienta. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que 10 periodistas fueron agredidos en ese incidente, sumándose a más de 80 agresiones computadas en el primer trimestre del año. Aunque la ley de amnistía ha beneficiado a 8.000 presos políticos, más de 480 permanecen tras las rejas según la ONG Foro Penal, que reportó una nueva detención durante la protesta. La activista Martha Lía Grajales del colectivo Surgentes advierte que lo que existe no es ‘una apertura del espacio democrático’ sino ‘apenas una rendija’ pequeña, mientras Oscar Murillo de Provea señala que quienes se manifiestan o se oponen al establecimiento siguen en riesgo.
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